Han pasado más de tres semanas del crimen de Luis Armando Espinoza, el trabajador rural que fue asesinado en la localidad de Melcho. La fiscala Mónica García de Targa afirma que el hombre murió por un abuso policial y tiene pruebas para demostrar que su hipótesis.

Sin embargo, detrás de esta historia hay un polémico trasfondo. Una cortina que se corrió y que dejó al descubierto irregularidades alrededor de las carreras cuadreras que se desarrollan en el interior de la provincia desde hace años. Irregularidades que van desde la supuesta complicidad de los dirigentes políticos de la zona, pasando por el abuso de autoridad de los funcionarios policiales y el temor que generan entre los habitantes y en sus propios subalternos, que terminaron incriminados por no haberse animado a contar lo que realmente había ocurrido.

Espinoza fue asesinado de un disparo en la espalda el 15 de mayo en ese paraje. El principal sospechoso del crimen es el oficial José Morales, porque se comprobó que desde su pistola salió el disparo que le causó la muerte al trabajador rural.

Pero también fueron acusados de haber tenido algún tipo de participación en el hecho el subcomisario Rubén Montenegro -jefe de la comisaría de Monteagudo-, Miriam González, René Ardiles, José Páz, Gerardo Gonzalez Rojas, Claudio Zelaya, Carlos Romano, Víctor Salinas y Fabio Santillán. Para todos ellos, la fiscala pidió que se dictara la prisión preventiva por un año. En tanto que la situación procesal de Álvaro González aún no se definió, pero podría quedar en libertad porque no tuvo participación en el hecho.

Los imputados, al darse cuenta de que su situación procesal se agravaría con el correr de los días, decidieron ampliar su declaración. Y más aún, si se tiene en cuenta que después de que se confirmara a través de una pericia que el disparo que acabó con la vida de Espinoza salió del arma de Morales. Algunos de los detalles que surgieron en esta nueva rueda de testimonios fueron los siguientes:

1- Operativos irregulares

Salvo Montenegro, Morales y Zelaya, que fueron los únicos que no declararon aún en la causa, todos los otros uniformados confirmaron que fue el jefe de zona Sergio Bazán quién dio la orden verbal para que no se realizara la carrera cuadrera ilegal en Melcho. Indicaron además que Montenegro los convocó a todos para realizar el operativo el jueves y que les dijo que fueran vestidos de civil para no levantar sospechas y evitar que los participantes se enteraran de que estaban por desarrollar el procedimiento.

Ninguno de los procesados afirmó que el operativo se realizó porque los participantes de la reunión estaban violando el aislamiento preventivo obligatorio. Todo lo contrario. Lo habrían hecho por pedido de un organizador de carreras legales. Ardiles, en su declaración como imputado, señaló que realizaban servicios adicionales en esos encuentros, que eran pagados por los organizadores. También relató que desde que cambiaron las autoridades de la comuna, se dejaron de realizar los festivales.

Fuentes judiciales informaron que los policías señalaron que Montenegro tenía contacto con un tal Córdoba –se llamaría Antonio- que se dedica a organizar carreras cuadreras en la zona. Este hombre, que podría estar vinculado a los políticos de la zona, lo tenía al tanto de los festivales que organizaban. El jefe de la comisaría podría haber pedido colaboración en las pruebas legales y coimas en las ilegales para que se desarrollen sin problemas.

Uno de los policías detenidos, cuyo nombre se mantiene en reserva por cuestiones de seguridad, acusaría al subcomisario de haberle ordenado que sí o sí debía traer de Melcho al menos uno de los caballos que se utilizan en las pruebas. “La idea era para quedarse con él para usarlo o para venderlo o pedir un rescate”, explicó un defensor.

Otro de los indicios de la conexión política en el caso es la presencia del vigía ciudadano de Monteagudo en un operativo en el que no debería haber participado. Santillán, cuando declaró, no supo precisar por qué había estado presente. Sólo afirmó que Montenegro le había ordenado que custodiara a Juan Espinoza –el hermano de la víctima que sufrió apremios ilegales ese día-, pese a que esa no es su función y que luego le pidió que volviera a la comisaría.

2- Máxima presión

Morales, el supuesto autor del crimen, y Montenegro, jefe de la comisaría, habrían asumido una insólita estrategia. Responsabilizar a Zelaya y a González Rojas de la muerte del trabajador. Ambos policías fueron los que abrieron el camino en el procedimiento. Ellos llegaron hasta Melcho en la motocicleta del último de los mencionados.

“En todo momento nos dijeron que había sido uno de nosotros porque fuimos los primeros en llegar. Pero en realidad ellos sabían que había sido Morales. Con eso nos presionaron todo el tiempo. Nos obligaron a hacer varias cosas para taparlos a ellos. Nos pusieron en contra de nuestros compañeros”, explicó González Rojas.

Este efectivo fue el que buscó a su primo Álvaro González -aspurante a ser integrante de la fuerza- en su casa y llegó hasta Melcho en una camioneta roja. Supuestamente, lo hizo para llevar una bolsa para guardar el cadáver. Él, junto a Zelaya, Montenegro y Morales, llevaron el cuerpo de la víctima hasta Catamarca, donde lo arrojaron en un precipicio.

“Siempre nos dijeron que lo hacían para tapar la cag... que nos habíamos mandado”, habría declarado. Sus palabras no pudieron ser confirmadas por su compañero, puesto que hasta el momento no prestó declaración.

3- Amenazas

La conducta del subcomisario Montenegro despierta muchos interrogantes en la Justicia. Se sabe que él, junto a Ardiles y a Paz llegó a Melcho después de que se produjera el incidente que derivó en la muerte de Espinoza. Sin embargo, todos los uniformados que declararon que tuvo una activa participación en el encubrimiento del delito.

Todos coincidieron en declarar que en su auto se trasladó el cuerpo desde el lugar donde perdió la vida hasta la comisaría y, desde allí, al barranco en Catamarca donde lo arrojaron.

Ardiles contó que en el trayecto a la dependencia policial se detuvo para charlar con un vecino durante varios minutos.

Varios de los acusados dijeron que recién se enteraron de la muerte de Espinoza cuando el subcomisario ingresó por la puerta trasera de la dependencia policial y, después de amenazar a todos de muerte para que no dijeran nada de lo sucedido, les pidió colaboración para envolver el cuerpo y luego se marchó del lugar.

Le pidió a Miriam González que modificara el libro de guardia para que no se supiera que él había sido el que había viajado a Catamarca.

Por una estrategia defensiva, por el momento no declaró. Lo hará cuando haya más pruebas en la causa, según señalaron sus allegados.

5- Silencio

El oficial es el que aparece más complicado, puesto que se probó que de su arma salió el disparo que acabó con la vida de Espinoza. Todavía no declaró y es muy poco probable que lo haga en los próximos días. “Vamos a pedir que se realice una reconstrucción del hecho para demostrar que no fue un crimen, sino una muerte accidental”, sostuvo su defensor Javier Lobo Aragón.

El profesional aclaró que su defendido no conocía a Espinoza; que no lo vio de manera directa y que sólo realizó disparos al aire con su arma. “Él no tiene nada que ver con este hecho. Él sí estuvo en su lugar, pero no fue el autor del disparo mortal”, agregó. ¿Y por qué guardó silencio una vez que se supo de la muerte del trabajador rural?, se le preguntó. “Eso lo aclararemos en su debido momento”, respondió Lobo Aragón.